¿Por qué la inminente reforma del sistema judicial de México asusta a las empresas estadounidenses?

Fecha: 08 de Septiembre del 2024

Autor: Santiago Pérez

Fuente: The Wall Street Journal

Las empresas estadounidenses están retrasando sus planes de inversión en México mientras analizan cómo afectaría una reestructuración del sistema judicial del país a la hora de hacer negocios con el mayor socio comercial de Estados Unidos.

La reforma judicial reemplazaría a 1.700 jueces y magistrados federales, incluidos los magistrados de la Corte Suprema, mediante elecciones nacionales y eliminaría los requisitos estrictos para convertirse en juez. El plan, una enmienda constitucional que se espera que se apruebe en los próximos días, ha preocupado a los inversores extranjeros que temen que los jueces se vuelvan dependientes de los electores o de consideraciones políticas en lugar de la ley.

La reforma es una de las leyes que el presidente Andrés Manuel López Obrador está tratando de impulsar en su último mes en el cargo, aprovechando las amplias mayorías en el Congreso que obtuvo en junio y que entraron en vigor el 1 de septiembre. Durante sus seis años en el cargo, el nacionalista se mostró antagonista de las empresas extranjeras, cancelando la construcción de un importante aeropuerto, obligando a las empresas internacionales a vender o reubicar plantas y tratando de restaurar el control estatal de industrias como la energética.

Los representantes y asesores de las empresas estiman que las firmas extranjeras están frenando unos 35.000 millones de dólares en proyectos de inversión en sectores que van desde la tecnología de la información y la fabricación de automóviles hasta los gasoductos y la infraestructura industrial debido a la incertidumbre relacionada con la reforma y las elecciones estadounidenses. Esa cifra casi equivale a lo que México atrae en inversión extranjera directa en un año promedio.

Recientemente, la mayor parte de esa inversión ha sido de empresas que reinvierten sus ganancias. Lo que está en juego son otros 18.000 millones de dólares en inversión privada que México necesita para cubrir la creciente demanda de electricidad para uso industrial. La Corte Suprema bloqueó iniciativas de política que podrían haber perturbado el sector eléctrico de México en violación del Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá, pero algunos inversores temen que un nuevo tribunal electo las apruebe.

Es probable que aumente el costoso arbitraje internacional sobre los derechos de inversión a medida que las empresas busquen evitar los tribunales mexicanos. Los préstamos corporativos en México también se verían afectados debido a la incertidumbre, según los banqueros. Las medidas también corren el riesgo de socavar las conversaciones para revisar el T-MEC en 2026, según Global Companies in Mexico, un grupo de altos ejecutivos de unas 60 empresas que operan en el país. Entre ellas se encuentran gigantes estadounidenses como AT&T, FedEx, 3M, PepsiCo, Honeywell International, Cargill, Visa, MetLife y General Motors.

Earl Anthony Wayne, ex embajador de Estados Unidos en México, dijo que los ejecutivos estadounidenses le han dicho que están pausando las inversiones en México mientras esperan ver cómo se desarrolla la propuesta de reforma judicial. Dijo que a México le resultará difícil atraer la llamada inversión de nearshoring para competir con China, crear empleos y combatir la pobreza, si la reforma se aprueba como se espera. “México va a recibir mucha atención negativa”, dijo Wayne, quien es miembro del Wilson Center, un grupo de expertos estadounidense.

El reemplazo del poder judicial también perturbaría los tribunales laborales bajo el T-MEC y violaría las disposiciones del tratado que exigen magistrados independientes, según la Cámara de Comercio Americana de México. Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos en México, advirtió que la reforma judicial dañaría la democracia del país y pondría en peligro el comercio con Estados Unidos. “Si no se hace correctamente, podría dañar realmente la relación”, dijo Salazar el martes sobre la reforma.

La presidenta electa mexicana, Claudia Sheinbaum, se apresuró a tranquilizar a los inversores y diplomáticos de que la reforma no sería mala para los negocios, pero dijo que no es asunto de otros países discutir cómo México elige a sus jueces. “No afectará nuestras relaciones comerciales, ni las inversiones privadas y extranjeras”, escribió recientemente en X.

En Estados Unidos, los jueces federales son nominados por el presidente, confirmados por el Senado y sirven de por vida. Muchos estados celebran elecciones para jueces, mientras que en otros, los gobernadores los seleccionan, a veces con la ayuda de comisiones. Los miembros entrantes del gabinete de Sheinbaum han señalado la elección generalizada de jueces en Estados Unidos. “De todos los principales socios de México, Estados Unidos es el país que selecciona a más jueces” a través de elecciones, dijo Marcelo Ebrard, quien fue nombrado recientemente por Sheinbaum para servir como secretario de Economía. Pero el viernes López Obrador planteó nuevas preocupaciones con comentarios que sugerían que la reforma estaba diseñada para poner fin a una era de protección del sistema judicial mexicano a las empresas extranjeras. “¿Van a seguir defendiendo a las empresas extranjeras que vienen a saquear, robar y afectar la economía de los mexicanos?”, preguntó.

Los planes judiciales han sacudido a México. Los jueces y los trabajadores judiciales se han declarado en huelga en protesta por la legislación. Los manifestantes bloquearon el acceso al edificio del Congreso la semana pasada. Los legisladores se trasladaron a un estadio deportivo, donde los miembros de la cámara baja aprobaron el proyecto de ley en las primeras horas del miércoles. Se espera que el Senado de México vote sobre el proyecto de ley en los próximos días. Los jueces actuales han citado el efecto sobre la economía al oponerse a la reforma.

Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte de México, dijo a The Wall Street Journal que el cambio violaría los acuerdos de libre comercio de México. “Un Estado no puede invocar su derecho interno como excusa para no cumplir con sus obligaciones internacionales”, dijo.

Juan Luis González Alcántara, magistrado de la Suprema Corte de México, dijo al Journal: “Es difícil imaginar un país que atraiga inversión extranjera o fomente la inversión nacional cuando no existen las condiciones mínimas de seguridad jurídica”.

Hay otros factores que preocupan a las empresas extranjeras sobre trabajar en México. Una victoria en las elecciones presidenciales de Donald Trump, que quiere imponer más aranceles a las importaciones, complicaría la relación comercial entre Estados Unidos, México y Canadá. “Esperamos que los inversionistas presionen el botón de repetición con respecto a las grandes inversiones en el país al menos hasta octubre o noviembre”, dijo Morgan Stanley en una nota reciente sobre México.

Las encuestas encargadas por el gobierno muestran que la mayoría de los mexicanos ven al poder judicial como corrupto y que los jueces deberían ser elegidos.

Como reflejo de la incertidumbre sobre la economía de México, el peso ha perdido el 15% de su valor frente al dólar estadounidense desde que Sheinbaum, una protegida de López Obrador, ganó las elecciones presidenciales de manera aplastante. Es probable que la moneda experimente meses difíciles por delante debido a las perspectivas de la reforma judicial y las elecciones estadounidenses, dijo Alejo Czerwonko, un ejecutivo de mercados emergentes de UBS Global Wealth Management. Los inversores, dijo Piña, probablemente se sentirían desanimados por una fuerte caída en la experiencia y las habilidades técnicas de los nuevos jueces, quienes tendrían que decidir casos comerciales complejos. La reforma eliminaría el riguroso proceso mediante el cual se eligen a los jueces en la actualidad.

La reforma propuesta exige la creación de un nuevo tribunal a cargo de los procedimientos disciplinarios judiciales, compuesto por cinco miembros elegidos por voto popular. El proceso disciplinario corre el riesgo de convertirse en “un instrumento político que podría usarse contra los jueces que emiten decisiones contrarias a los intereses del gobierno”, dijo el Colegio de Abogados de la Ciudad de Nueva York en una declaración reciente.

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